Escrito de CCOO de Justicia a los partidos políticos sobre las reformas necesarias en la Administración de Justicia.
CCOO SOLICITA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS UNA REUNIÓN URGENTE PARA QUE SE PRONUNCIEN EN LA CAMPAÑA ELECTORAL SOBRE LAS PRIVATIZACIONES, EMPLEO PÚBLICO E IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Las actuaciones llevadas a cabo durante estos últimos años exigen para CCOO un cambio radical de las políticas públicas en el ámbito de los juzgados, tribunales, fiscalías, registros civiles y otros servicios judiciales
En el escrito que hemos presentado a los partidos políticos les hemos solicitado “con la mayor urgencia posible una reunión en la que podamos hacerles llegar nuestra profunda preocupación por las más que probables y probadas intenciones del Partido Popular de deteriorar aun más el servicio público de la Administración de Justicia”.
CCOO ha traslado a los partidos políticos la situación actual de la administración de justicia que se caracteriza por:
· Privatizaciones encubiertas de servicios (actuaciones del Registro Civil a favor de los Notarios, externalización de servicios como los de atención al usuario de las nuevas tecnologías o de atención a la víctima, etc.) e intenciones cada vez más evidentes de privatizar los registros civiles e incluso los asuntos judiciales a través de instituciones de mediación.
· Una imposición empecinada por parte del actual ministro y su equipo de los sistemas informáticos en la administración de justicia sin la necesaria participación de los trabajadores y las trabajadoras, sin planes efectivos de formación de los mismos, sin los medios tecnológicos necesarios y sin las garantías suficientes para preservar la igualdad de ciudadanas y ciudadanos para acceder a la justicia. Se han establecido plazos de implantación de imposible cumplimiento (el 1 de Enero de 2016 para la utilización obligatoria de LexNet y el 7 de Julio de 2016 para la implantación obligatorio del Expediente Judicial Electrónico) a sabiendas de que no existen los medios necesarios ni en el ámbito gestionado por el Ministerio de Justicia ni en las Comunidades Autónomas con competencias lo que supone una invitación al incumplimiento de la legalidad vigente como así se está produciendo.
· Una escasez de medios materiales y personales que impide acometer el ingente trabajo de los juzgados, tribunales, fiscalías y servicios de la Administración de Justicia, con un número de jueces, fiscales y demás personal absolutamente insuficiente en términos absolutos y en términos comparativos con otros países de nuestro entorno.
· Precarización de las condiciones de contratación de los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia: aproximadamente 1 de cada 4 son personal eventual o interino, superando el 50% de los puestos de trabajo en Baleares, Canarias y Cataluña, mientras continúan sin convocarse las Ofertas Públicas de Empleo suficientes para dotar todas las plantillas de empleados públicos. Asimismo está bloqueada la carrera profesional de los trabajadores y las trabajadoras.
Frente a esta situación que el Partido Popular ha provocado y defendido en los últimos años de gobierno, desde CCOO de Justicia le hemos planteado a las principales formaciones políticas que concurren a las próximas elecciones:
1. La permanencia de todos los servicios relacionados con la Administración de Justicia en manos de los poderes públicos,frenando las privatizaciones previstas por el Partido Popular y revirtiendo al ámbito de lo público los servicios ya privatizados o externalizados. En concreto solicitamos que el Registro Civil (cuyo futuro debe decidirse por el próximo gobierno y parlamento antes de Julio de 2017) siga siendo público, universal, gratuito y gestionado por personal de la Administración de Justicia.
2. Una implantación de las nuevas tecnologías en la Admón. de Justicia, consensuada, en plazos razonables, con los medios necesarios, con planes de formación a los trabajadores y a las trabajadoras y con su participación, aplazándose la fecha del 7 de Julio de 2016, prevista legalmente para la entrada en vigor obligatoria del expediente judicial electrónico y con una moratoria explícita de la implantación de LexNet.
3. El aumento del número de juzgados y de funcionarios y funcionarias de todos los cuerpos y del personal laboral y la convocatoria de Ofertas de Empleo Público expansivas que permitan la profesionalización y propicien la carrera profesional del personal.
