En numerosas ciudades y pueblos de toda España se están celebrando concentraciones, asambleas y pitadas contra la modificación de la LOPJ, que contiene los más graves ataques a todo el personal de la Administración de Justicia que se han producido en la historia:
1.- Se unifican en uno solo los centros de destino de cada municipio, y se aprueba la movilidad forzosa a cualquier puesto de trabajo de la misma localidad, a criterio del gestor correspondiente (art. 521)
2.- Se prohíbe el incremento de plantilla y la asignación de más medios materiales, cuando se designen jueces de refuerzo (art. 347 bis)
3.- En caso de ausencia que no suponga vacante, su sustitución transitoria sólo se producirá si se trata de ausencia de personal titular, pero no si la ausencia es de personal interino (Art. 489)
4.- El personal interino de refuerzo será cesado en el plazo máximo de 6 meses (art. 489).
En la práctica, la administración podrá determinar a su antojo cuál será, dentro del municipio, nuestro puesto de trabajo en cada momento, al tiempo que se reducirá drásticamente el nombramiento de personal interino, dejando puestos sin cubrir y sobrecargando de trabajo al resto, y generando, además, incertidumbre en la percepción de retribuciones complementarias y en la asignación de funciones y tareas.
Por todo ello, CSIF, STAJ, CCOO y UGT hemos convocado una huelga el próximo 16 de noviembre, con una gran manifestación en Madrid a las 12,00 h, que irá desde el Ministerio de Justicia hasta el Senado.
CCOO ha emplazado a los Grupos Parlamentarios a situar la Administración de Justicia como una prioridad, diseñando un plan estratégico, con dotación presupuestaria anual, coordinado con las comunidades autónomas y negociado con los representantes de los trabajadores
Entre otras muchas propuestas, CCOO ha reclamado, con urgencia, la creación de 3400 nuevos puestos de trabajo y 306 nuevos órganos judiciales
CCOO ha denunciado que el Ministerio de Justicia, con sus reformas electoralistas o mediáticas, ha modificado las condiciones laborales de los/as trabajadores/as, e imponiendo, de facto, mayores responsabilidades, que se ven obligados a realizar, sin retribución alguna
El lunes, día 9 de octubre, CCOO compareció en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputado, en concreto en la Subcomisión creada en la misma para el estudio y definición de una estrategia nacional de Justicia
Lamentablemente, el tiempo de intervención ha sido de tan sólo quince minutos, muy insuficiente para exponer, con razonable amplitud y detalle, la delicada situación de la Administración de Justicia en toda España, cómo ello afecta a la ciudadanía, pero también a las condiciones laborales y derechos de los/as trabajadores/as; y, para realizar propuestas y alcanzar algunas conclusiones y compromisos concretos con los Grupos Parlamentarios
Intervención de CCOO Justicia en el Congreso de los Diputados
CCOO SEGUIMOS EXIGIENDO RESPONSABILIDADES POR LOS FALLOS DE SEGURIDAD DE LEXNET Y LA IMPLANTACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN DE LA JUSTICIA MODERNO Y SEGURO, DE FORMA PAUSADA, CON EXPERIENCIAS PILOTO, COORDINADO EN TODOS LOS TERRITORIOS, NEGOCIADO CON LOS REPRESENTANTES SINDICALES, CON PLANES SUFICIENTES DE FORMACIÓN, INCREMENTADO LOS MEDIOS DE ATENCIÓN AL PERSONAL USUARIO Y RECONOCIENDO AL PERSONAL LAS NUEVAS FUNCIONES Y TAREAS DERIVADAS DE ESTA IMPORTANTÍSIMA MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO
Ayer, 31 de agosto, tuvo lugar la comparecencia del ministro Catalá ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para explicar los fallos de LexNET a finales de julio.
Ha tardado un mes en ofrecer las oportunas aclaraciones, y, en lugar de reconocer los gravísimos errores y problemas de LexNET, ha seguido en su línea de negar la evidencia, y como no ha ocurrido casi nada, ha decidido invertir 55 millones de euros en algo que ha declarado que está "obsoleto" y que "no es el futuro", pero a la vez manifiesta que no es el "caos" y que es una "herramienta extraordinaria", y con la cual se atrevieron a poner en marcha el proyecto de la Justicia Digital y que pivotase sobre él.
A su vez, ha acusado a los abogados y procuradores que durante horas pudieron acceder a buzones que no eran los propios y que denunciaron que LexNet tenía agujeros de seguridad, y confirma la denuncia al joven ingeniero que avisó al ministerio de Justicia, y al Subdirector general de Nuevas Tecnologías -el cual parece que no se entera-, que tenían accesible toda la estructura de LexNet y de otras aplicaciones, en vez de premiarle por el aviso y contratarle.
CONCLUSIONES:
Aquí no ha pasado nada.
La culpa es de los demás y del empedrado.
Seguimos gastando millones de euros sin orden ni concierto.
LexNET es obsoleto, pero es lo que hay.
Agachemos la cabeza, y a seguir con la Justicia Digital de esta manera y con estas aplicaciones.
"No creo que LexNet sea una herramienta de extraordinario futuro tecnológico, tiene los años que tiene y viene de cuando viene, tiene ya trece años y seguramente habrá que evolucionar". En su comparecencia ante la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, el ministro Rafael Catalá ha querido quitar hierro a los fallos de seguridad que experimentó la plataforma hace un mes y ha anunciado, aunque sin dar más detalles, que en su departamento ya trabajan en un nuevo sistema.
"Estamos trabajando en un concepto de escritorio profesional donde los profesionales internos y externos tengan sus herramientas de última generación", ha dicho Catalá sin avanzar más datos, definiendo LexNet como una "herramienta extraordinaria" pero también reconociendo que "no me voy a encasquillar en decir que LexNet es el futuro".
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha negado que la incidencia ocurrida el pasado 27 de julio en el sistema de comunicaciones Lexnet en los órganos judiciales suponga que el mismo es caótico sino que es seguro y ha destacado que desde su implantación en 2016 falló solo el 0,75 por ciento del tiempo.
Ha revelado este jueves durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso que tras conocerse públicamente el fallo del sistema de gestión procesal LexNet del pasado 27 de julio el Ministerio detectó 49 intentos de acceso por parte de profesionales autorizados -como abogados y procuradores- a la información de otros perfiles, "todos ellos infructuosos y perfectamente identificados".
Los diputados Artemi Rallo (PSOE) Mikel Legarda (PNV) y Marcial Gómez (C's) han reprochado este jueves al ministro de Justicia Rafael Catalá que su departamento denunciara ante la Policía al estudiante de ingeniería que detectó y reveló el agujero de seguridad del sistema de gestión procesal LexNET el pasado 27 de julio.
En una primera lectura rápida, y sin perjuicio de un análisis posterior mucho más profundo, da la impresión que Catalá ha vuelto a repetir su intervención del Congreso del pasado día 5 de diciembre pero con menos extensión y concreción, y pasando aún más de puntillas por los asuntos que pueden generar diferencias importantes con los diferentes grupos parlamentarios, con los trabajadores/as de la Administración de Justicia y sus condiciones de trabajo, y con los derechos de la ciudadanía, que llevan clamando desde hace años por la necesidad de que la Administración de Justicia garantice la igualdad en el acceso a este derecho fundamental para todas las personas en un Estado de Derecho.
Infolibre.es 03/03/2015 - 06:00 JAVIER MARTÍNEZ DEL MORAL
La “contrarreforma” de la “reforma” de la Ley de Registro Civil 20/2011, de 21 de julio, está llamada a convertirse en el paradigma de la opacidad, fraude a los intereses de los ciudadanos y perversión de nuestra clase política en la privatización de servicios públicos.
Los registradores mercantiles gestionarán el Registro Civil a partir del 15 de julio y han pedido al Ministerio de Justicia que les dejen cobrar a los ciudadanos algunos de los actos e inscripciones que hasta ahora son gratuitos: libros de familia, poderes, testamentos y contratos de seguro por fallecimiento, entre otros.
Los registradores mercantiles vuelven a ganar. El Gobierno acaba de aumentar el número de gestiones por las que van a cobrar a empresas, fundaciones, asociaciones y comunidades de bienes. Además, proyecta aumentar más de 10 veces los aranceles que cobran los registradores mercantiles. El Ministerio de Justicia sostiene que "no se encarecen los procesos".
La privatización de los registros civiles continúa adelante. Y han sido los propios registradores que se beneficiarán del cambio legal quienes han redactado las enmiendas del Grupo Popular
Esta tarde en sesión plenaria del Parlamento de Navarra se han votado dos mociones presentadas por los grupos parlamentarios del Partido Socialista de Navarra y de Bildu-Nafarroa en contra del anteproyecto de Ley del Ministerio de Justicia contra la privatización del Registro Civil.
La soledad del Partido Popular es más que evidente toda vez que el resto del Parlamento de Navarra, incluyendo a Unión del Pueblo de Navarra, perpetuo aliado del Partido Popular, ha votado a favor de las enmiendas, oponiéndose a la privatización de los Registros Civiles con la entrega de los mismos a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles.
Es la primera vez que un Parlamento se opone al anteproyecto del Ministerio de Justicia de privatizar los Registros Civiles.
El resultado final de la votación de las enmiendas contra el anteproyecto ministerial de privatización del Registro Civil fue de 42 a favor y 4 en contra (los únicos cuatro diputados del PP)
Para CCOO cualquier reforma del Registro civil debe garantizar su mantenimiento como servicio público dependiente del Ministerio de Justicia, independiente de otros registros públicos, atendido por funcionarios públicos pertenecientes a los Cuerpos de Funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.
La movilización que estamos realizando es útil y empieza a dar sus frutos, pues estamos consiguiendo que la sociedad tome conciencia de lo que supondría la privatización del servicio público del Registro civil y por tanto se movilice. Y por ello, ahora más que nunca, hay que continuar con la protesta.
Podéis ver las dos mociones presentadas en el vídeo siguiente:
DÍA 26 DE ABRIL
CONCENTRACIONES EN LOS REGISTROS CIVILES DE TODA ESPAÑA
DE 11:30 A 12:30
CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL
EN DEFENSA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
"Tengo la certeza de que CCOO no forma parte de ninguna red de corrupción vinculada a la gestión de los ERE"
"¿Por qué no se cuestiona la intervención de los despachos privados en los ERE y sí la de los sindicatos?"
CCOO está estudiando si se presenta como acusación particular en el caso de los ERE de Andalucía
El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha defendido en rueda de prensa con contundencia la intervención de los sindicatos en los ERE, de la que ha dicho que no solo es legítima, sino obligada, y que su objetivo es la conservación del empleo, y ha mostrado su seguridad de que no ha habido actuaciones ilegítimas por parte de personas u organizaciones del sindicato en la gestión de determinados ERE en Andalucía.
El secretario general de CCOO ha comparecido hoy ante los medios de comunicación junto al secretario de Organización y Comunicación, Fernando Lezcano, para exponer las reflexiones y decisiones de la Ejecutiva confederal en relación a la situación económica, si bien la presunta implicación de CCOO en los ERE fraudulentos de Andalucía ha centrado gran parte de su intervención.
“La intervención de los sindicatos en los ERE, que a pesar de lo que se puede deducir de algunas informaciones, no son los sindicatos los que ponen en marcha los ERE, sino las empresas, no solo es legítima, sino obligada”, aclaró para empezar.
En este sentido, ha explicado que el primer objetivo del sindicato ante la presentación de un ERE por parte de una empresa es preservar el empleo, y cuando la pérdida es inevitable, el objetivo es minimizar su impacto, reducir el número de despedidos, asegurando las mejores condiciones de salida. “Esto exige la intervención de sindicalistas pero también de personal especializado, economistas y abogados, entre otros, porque se trata de un procedimiento muy complejo que precisa de personas con los conocimientos adecuados”, explicó.
“Se trata de un trabajo muy especializado que conlleva gastos”, añadió, un coste que, en su opinión, no debe ser soportado por los trabajadores. “Deben ser las empresas las que corran con los gastos del asesoramiento”, precisó, al tiempo que manifestó no comprender por qué no se cuestiona la intervención de los bufetes de abogados que representan a las empresas, y eso que su retribución es muy superior a la que puedan percibir los sindicatos, y sí la de estos.
Comisión de Investigación
En relación a la presunta implicación de CCOO en las irregularidades de algunos ERE en Andalucía, el secretario general de CCOO ha recordado que el sindicato creó hace un año una Comisión de Investigación que concluyó que no había habido actuaciones ilegítimas por parte de personas u organizaciones del sindicato, si bien de la lectura de los autos judiciales se pueden desprender nuevos elementos que “deben ser evaluados”. “Hemos decidido reabrir la investigación y recabar nueva información por "si hubiera responsabilidades individuales o colectivas, para adoptar las decisiones que sean necesarias independientemente del proceso judicial", anunció, comprometiéndose asimismo a dar cuenta pública de los resultados de la investigación.
Por último, Toxo manifestó la disposición del sindicato a colaborar en el procedimiento judicial y anunció que CCOO está evaluando si se presenta como acusación particular en el proceso, reclamando que se resuelva con la mayor celeridad posible porque "la imagen de CCOO se está viendo perjudicada ya con el tratamiento informativo que se está dando al caso. “Con los datos de que dispongo estoy convencido de que nuestra organización de Andalucía no forma parte de ninguna red de corrupción en relación a la gestión de los ERE”, subrayó.
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha acordado este miércoles con las comunidades autónomas implantar por primera vez en la historia del Sistema Nacional de Salud (SNS) el copago de medicamentos para los ciudadanos con pensiones contributivas, que deberán pagar en las farmacias un 10 por ciento del precio de los medicamentos con receta que consuman hasta un máximo de 8 ó 18 euros al mes en función de su pensión. En cambio, a los parados que ya han agotado su prestación por desempleo, que antes pagaban un 40 por ciento, les saldrán gratis "hasta que encuentren trabajo".
Así lo han decidido en una nueva reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en la que también se ha dado el visto bueno a la creación de diferentes categorías para los trabajadores activos, que hasta ahora pagaban todos un 40 por ciento y ahora lo harán "según su renta", hasta un máximo del 60 por ciento y 60 euros como máximo al mes (aquellos cuya renta sea superior a 100.000 euros anuales).
Con esta medida, Sanidad estima un ahorro anual de 3.500 millones de euros. No obstante, al finalizar la reunión, Mato ha asegurado que esta medida "no tiene afán recaudatorio" y ha pedido "perdón" por tener que tomar estas medidas con las que ha asegurado que "se evita que no haya copago sanitario y que la asistencia sanitaria en España siga siendo gratuita".
Esta modificación del sistema de copago farmacéutico se aprobará en el próximo Consejo de Ministros y, según ha avanzado Mato, se podrá poner en marcha en los próximos dos meses una vez se resuelvan las modificaciones técnicas que necesita.
Asimismo, Sanidad y CCAA también han acordado diferentes medidas sobre el precio de los medicamentos; sacar de la financiación algunos fármacos que no aportan valor terapéutico; incorporar al derecho español una directiva para "acabar con el turismo sanitario"; modificar la cartera de servicios para distinguir entre prestaciones básicas, suplementarias y accesorias; y apostar por una central de compras para la adquisición de medicamentos y tecnologías, y no sólo vacunas como hasta ahora.
Con todo ello y otras medidas que las comunidasdes ya están poniendo en marcha, Mato está convencido de que "se conseguirán ahorrar los 7.000 millones de euros anunciados por el Gobierno".
NUEVO COPAGO FARMACÉUTICO
Tras el acuerdo de Sanidad y las comunidades, la modificación del actual sistema de copago farmacéutico acordado por Mato y las comunidades reduce el número de personas que no tienen que pagar por sus medicamentos con receta en la farmacia, algo de lo que sólo se beneficiarán los parados sin prestación y las personas con pensiones no contributivas o renta de reinserción.
A partir de ahí, se establecen diferentes categorías "según la renta" para los trabajadores activos y para el resto de pensionistas, que a partir de ahora tendrán que pagar un porcentaje del precio de sus medicinas. "No pagan los que tienen menos y pagan más los que tienen más, y a partir de ahí se gradúa", ha explicado Mato.
En concreto, los pensionistas pagarán un 10 por ciento del precio de sus medicamentos. No obstante, aquellos con rentas inferirores a los 18.000 euros tendrán no pagarán más de 8 euros al mes, un límite que para los pensionistas con rentas de más de 18.000 euros será de 18 euros mensuales.
En el caso de los trabajadores activos, se establecen diferentes porcentajes de copago en función de la renta que acaba con el 40 por ciento que se pagaba anteriormente. A partir de ahora, este porcentaje sólo será válido para trabajadores cuya renta sea inferior a los 18.000 euros anuales, que no tienen obligación de tributar en el IRPF, y para familias numerosas.
Para aquellos que ganan más de 18.000 euros anuales, la aportación será de un 50 por ciento, mientras que aquellos trabajadores con rentas iguales o superiores a los 100.000 euros anuales pasarán a pagar un 60 por cientol, hasta un máximo de 60 euros mensuales.
Mato ha insistido en que "esta medida no tiene ningún afán recaudatorio" ya que, si hubiera sido ese su objetivo, "hubieran optado por otras medidas como la tasa de un euro por receta" de Cataluña que, a su juicio, "no es la más justa".
El objetivo, ha explicado, es "poner en valor el medicamento" y evitar que "se tiren fármacos a la basura". España es actualmente el segundo país qué mas fármacos consume "cuando no estamos tan enfermos", y cada año se destruyen 3.700 toneladas de medicamentos que han caducado o no se han utilizado.
Para combatir estas prácticas, Mato también ha asegurado que están trabajando con las farmacéuticas para adecuar los envases de los medicamentos a la duración estimada del tratamiento.
OTRAS MEDIDAS
Asimismo, Sanidad y las comunidades han acordado establecer una cartera común de servicios del SNS, que "asegure que todos los españoles, con independencia de la comunidad autónoma en la que vivan, tengan acceso a las mismas prestaciones sanitarias, de la más alta calidad".
Para ello, se establece una cartera común básica de servicios asistenciales. Incluirá, como hasta ahora, los servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se dispensan en centros sanitarios o sociosanitarios, así como el transporte sanitario urgente, y que están cubiertos de forma completa por financiación pública.
Asimismo, también habrá una cartera común suplementaria que incluirá las prestaciones cuya provisión se realiza mediante dispensación ambulatoria, y que están ya sujetas a aportación del usuario.
Junto a esta cartera habrá otra de servicios accesorios, con actividades, servicios o técnicas que, no siendo prestación sanitaria, se consideran imprescindibles para ciertas patologías, caso de los cosméticos para pacientes con enfermedades raras.
Por otro lado, Mato ha destacado la creación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías, que será la encargada de determinar la ordenación de la cartera de servicios. Estas mejoras permitirán maximizar la eficiencia y generar un ahorro de unos 500 millones.
Por otro lado, se ha acordado unificar el criterio de participación de los usuarios en productos farmacéuticos, ortoprótesis, dietoterápicos y transporte sanitario no urgente.
RECURSOS HUMANOS
En lo que se refiere a Recursos Humanos, el Consejo ha acordado elaborar un catálogo homogéneo de categorías profesionales, donde se establezcan las equivalencias entre los distintos servicios de salud. El objetivo es facilitar la movilidad de los profesionales sanitarios.
Además, se regulan las áreas de capacitación para hacer realidad las superespecialidades. Por ejemplo, la cirugía cardíaca infantil. Estas medidas permitirán una eficiencia de 470 millones de euros.
PLATAFORMA CENTRALIZADA DE COMPRAS
Por otro lado, también se ha tratado sobre la plataforma centralizada de compras, que se considera que permitirá un ahorro de entre el 15 y el 50 por ciento frente al sistema de compras individualizado para cada Comunidad Autónoma que se emplea, lo que supone más de 1.000 millones.
La plataforma centralizada ya se ha puesto en marcha en proyectos concretos, como la adquisición de las vacunas para la gripe estacional para la temporada 2012-2013, a la que se han adherido catorce comunidades autónomas, y que ha supuesto un ahorro de más de 6,2 millones de euros respecto al año pasado, en el que sólo se adhirieron ocho autonomías.
La ministra de Sanidad ha protagonizado una complicada rueda de prensa en la que, nerviosa, ha dicho entre otras cosas que el Gobierno "ha universalizado la sanidad", que "no hay cosa que tenga más valor que una medicina que cura enfermedades" o que "hemos aprobado una medida aprobada"
El 60% de toda la actividad del sindicato está cubierta por la cuota mensual de sus afiliados.
La Federación de Industria de Comisiones Obreras ha elaborado un vídeo donde pone negro sobre blanco sobre sus cuentas. Aunque el sindicato siempre ha hecho públicos sus balances en los congresos que celebra, aportando datos y cifras a los medios de comunicación, ha considerado acertado dar un paso más para informar a la opinión pública a qué destina el dinero que recibe, en un momento de crisis que la derecha aprovecha para reclamar recortes en las subvenciones para las centrales sindicales.
El vídeo responde, en palabras del portavoz Agustín Pérez, al “ataque permanente” y en ocasiones “sin conocimiento exacto” de las cuentas del que vienen siendo víctimas los sindicatos. “El sindicato atiende a doce millones de trabajadores (independientemente de que estén o no afiliados) con las cuotas de sus propios afiliados, un dinero con el que el sindicato es capaz de subsistir”, subraya.
La principal fuente de financiación de CCOO es esa cuota mensual del 1.200.000 afiliados. La mayoría paga unos 10 euros al mes y el resto (pensionistas, becarios, parados y estudiantes) abonan una cuota especial (6,60) o reducida (5,50 euros) en función de sus ingresos. Por este concepto, la cuota supuso en 2010 cerca de 162 millones de euros que financian el 60% del total de su actividad sindical.
A esta partida, la más importante, hay que añadir el dinero que recibe de los Presupuestos Generales del Estado por representación. La partida ronda los 16 millones de euros a repartir entre los distintos sindicatos; de ellos, a CCOO le corresponden 4 millones. Una tercera vía de ingresos son las subvenciones que reciben para formación, de lo que solo se destina un 10-12% a gastos de administración. Dichos cursos están fuertemente vigilados.
En 2010, el Sistema Español de Formación para el Empleo dispuso de 2.572 millones de euros, sin incluir las aportaciones autonómicas y locales. El 80% de ese dinero procedía de las cotizaciones de la clase trabajadora y de las empresas a la Seguridad Social. El resto, del Fondo Social Europeo (9,72%) y de los Presupuestos Generales del Estado (5,8%).
Un tema muy polémico al que el sindicato ha querido prestar especial atención ha sido a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). CCOO aclara que nunca se recibe dinero de un afiliado o afiliada por la atención prestada, que en muy raras ocasiones se cobra por la gestión de un expediente al resto de trabajadores para no penalizarles en una situación tan delicada y que siempre se intenta que sea la empresa la que asuma el coste que genera al sindicato la negociación de un ERE (desplazamientos, asesoramiento, elaboración de informes…).
“No tenemos nada que esconder. Nuestras finanzas exigen la máxima transparencia. Por eso las ponemos a disposición de nuestros afiliados y afiliadas”, concluye el sindicato.
BOE DE 19 DE JUNIO DE 2018: CESES Y NOMBRAMIENTOS DE LOS ALTOS CARGOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO DE JUSTICIA Ceses Real De...
1. Escribe tu correo electrónico en el recuadro y pulsa en la tecla Enviar
2. Revisa tu correo y activa la suscripción (en ocasiones el correo aparece en la carpeta de No Deseado o Spam)
3. Cada vez que se publique nuevo contenido en el blog, los lectores suscritos recibirán una notificación por correo electrónico. Ésta incluirá una copia del contenido nuevo y enlaces a los blogposts.
