- El ministro de Justicia ha mentido descaradamente hoy, 18 de febrero, en el Congreso de los Diputados al responder a una pregunta de la portavoz parlamentaria socialista, Rosa Aguilar sobre la privatización del Registro Civil.
La contestación de Catalá ha sido escandalosa y faltando a la verdad al menos en tres ocasiones:
Primera mentira: El ministro Catalá ha mentido diciendo que había llegado a un acuerdo con las organizaciones sindicales sobre la plantilla tras la privatización. Ni siquiera ha reunido a las organizaciones sindicales desde hace meses en que se incorporó al frente de la cartera de ministro de Justicia. ¿Cómo puede afirmar esto si ni siquiera ha convocado mesa sectorial? Al menos con CCOO, el ministro Catalá no ha alcanzado acuerdo alguno
Segunda mentira: Catalá ha vuelto a mentir cuando ha afirmado que numerosas sentencias expresan que los registradores de la propiedad y mercantiles son funcionarios públicos, cuando sabe perfectamente que las sentencias de la Unión Europea de 2009 dictaminan sin posibilidad de interpretación que dichos profesionales no son funcionarios públicos, que deben cobrar el IVA (sabiendo que ningún funcionario público puede cobrar el IVA), y además la propia LGPE 2015 establece claramente que su régimen de seguridad social es el especial de autónomos (régimen al que solo pueden estar acogidos personal cuyo régimen de relaciones laborales es privado a todos los efectos).
Sabe Catalá -aunque lo niegue- que la sentencia de la Unión Europea de 2009 dictamina que dichos profesionales no presentan las características de subordinación y dependencia que resultan esenciales para que los servicios en cuestión puedan considerarse prestados por un funcionario a la Administración a la que pertenece; no están integrados en la organización de la Administración pública, sino como una actividad realizada en el marco de una profesión asimilada a una profesión liberal.
Tercera mentira: Catalá ha vuelto a mentir también porque sabe perfectamente que la desjudicialización del Registro Civil no conlleva la privatización del mismo. CCOO demanda el mantenimiento del Registro Civil en el ámbito público y dentro de la Administración de Justicia, servido por el personal funcionario de esta Administración y que sus encargados sean los Secretarios Judiciales. Lo hemos manifestado de forma reiterada y hemos denunciado con diversas iniciativas su privatización.
Hemos presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Hemos presentado una Iniciativa legislativa Popular, que ha sido admitida a trámite y en los próximos días comenzaremos la recogida de firmas, en defensa del Registro Civil como servicio público y dentro del ámbito de la Administración de Justicia
Además, hemos ejercido el derecho de petición ante el Parlamento Europeo en defensa del servicio público del Registro Civil.
Y hasta una cuarta mentira: Catalá ha afirmado que el Registro Civil es el servicio peor valorado por la ciudadanía. Sabe perfectamente que el Registro Civil tiene una valoración general superior al 80 %, y en los pocos lugares donde existe una valoración ciudadana inferior, solo es debido al abandono de los medios personales y materiales en que ha dejado interesadamente el Ministerio de Justicia al Registro Civil
Sabe perfectamente Catalá que el Registro Civil tiene un grado de satisfacción de los ciudadanos del 84 %, según el Observatorio de Calidad de los Servicios Públicos del año 2012, superior a la media de los demás servicios públicos, que es del 73 %; y que en los pocos lugares donde existe una valoración ciudadana inferior, solo es debido al abandono de los medios personales y materiales en que ha dejado interesadamente el Ministerio de Justicia al Registro Civil: los 14 Registros Civiles que tuvieron mayor número de reclamaciones y denuncias por su funcionamiento en la última estadística disponible del Consejo General del Poder Judicial son todos administrados por Gobiernos del Partido Popular.
