CCOO LE EXIGE TAMBIÉN QUE CUMPLA YA CON LOS COMPROMISOS QUE ADQUIRIÓ HACE MESES DE ELIMINAR LA OBLIGATORIEDAD PARA EL PERSONAL FUNCIONARIO DE ACUDIR CON ABOGADO Y PROCURADOR A DEFENDER SUS DERECHOS LABORALES Y PROFESIONALES.
CCOO ha denunciado de nuevo ante el Ministro de Justicia la permisividad de su departamento para que empresas privadas actúen en el ámbito de la Administración de Justicia usurpando funciones reservadas al personal funcionario, tal y como establece el artículo 435 de la LOPJ, y hemos advertido que no vamos a consentir que la vulneración de la legalidad quede impune
CCOO se ha vuelto a dirigir al Ministro de Justicia para exigirle:
- La retirada de la entrega a los procuradores de los actos de comunicación y los embargos, recogida en el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) aprobado por el Gobierno.
- La inmediata convocatoria de la mesa sectorial de Administración de Justicia para que todas las modificaciones, que el Gobierno ha anunciado va a realizar en los próximos meses, de las leyes de Demarcación y Planta, LOPJ, LECr, Ley de Jurisdicción Voluntaria y la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, que suponen profundas agresiones y recortes a los derechos del personal de la Administración de Justicia, y, entre ellas, significan el ataque desenfrenado al empleo y al servicio público, sean negociadas con anterioridad a su aprobación por el Consejo de Ministros.
- El cumplimiento de los compromisos adquiridos de recuperar el apartado 3 del artículo 23 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el sentido de que los funcionarios públicos en defensa de sus derechos laborales y profesionales no necesiten ni de abogado ni de procurador.
- En este mismo sentido, con objeto de que los intereses colectivos o individuales de los trabajadores y trabajadoras queden salvaguardados, hemos vuelto a exigir que cuando las organizaciones sindicales actúen en defensa de intereses del personal, colectivos o individuales, deben también quedar exceptuados del pago de tasas, en los mismos términos que lo establecido en el artículo 4.d) de la Ley de Tasas, que determina que los funcionarios públicos en defensa de sus derechos profesionales y laborales están exentos del pago de las tasas judiciales.
- Que curse de inmediato una orden para que la empresa privada cese en la usurpación de funciones del personal funcionario en el Servicio Común de Registro, Reparto, Digitalización y Archivo de la Audiencia Nacional, expresamente prohibidas en el artículo 435 de la LOPJ. Y en caso contrario, CCOO le ha advertido que, si no se da solución en el plazo de un mes en los términos expuestos, pondrá los hechos en conocimiento de la instancia judicial oportuna para que, en su caso, se depuren las responsabilidades.
- La retirada a los Notarios de la encomienda de la jura en los expedientes de nacionalidad. Porque de facto supone la privatización de una tarea que realiza el personal de la Administración de Justicia de los Registros Civiles de forma gratuita.
CCOO ha anunciado al Ministro de Justicia que si no se producen las rectificaciones que hemos exigido, su actuación será la única responsable de una confrontación nunca vista hasta el momento en la Administración de Justicia.
Madrid, 29 de junio de 2013
