- CCOO ha elaborado un informe donde expone el grave riesgo para la salud de las empleadas y empleados públicos que está suponiendo la política de austeridad y recortes en el sector público y que viene condicionada fundamentalmente por la pérdida tan elevada de recursos humanos.
En dicho informe reclama medidas preventivas como la evaluación de riesgos laborales donde se establezca cuál es la carga de trabajo saludable en cada unidad administrativa y un incremento de recursos humanos que impida el aumento de accidentes laborales en el sector público y garantice la salud a su personal.
La precarización del sector público ha sido una constante desde el desencadenamiento de la crisis de 2008 y se intensifica a partir del año 2011, cuando la pérdida de empleo público se hace más evidente.
Como refleja el informe, la precarización del sector público ha incidido directamente sobre la salud de las trabajadoras y trabajadores, puesto que ha supuesto un aumento exponencial de la carga de trabajo, que ha tenido una consecuencia inmediata sobre la multiplicación de accidentes con baja relacionadas con el sobreesfuerzo físico y mental.
El porcentaje de sobreesfuerzos en relación con el total de accidentes en jornada de trabajo con baja ha ido incrementándose progresivamente, pasando de un 28.4% sobre el total en el año 2000, al 38.9% del año 2015. Según datos del propio Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, la actividad donde más sobreesfuerzos se producen es en la Administración Pública y Defensa, con un 9.1%, y en tercer lugar en las actividades sanitarias, con un 5.9%.
El sector público, como se detalla a lo largo del informe de CCOO, ha sufrido un intenso proceso de deterioro del empleo, caracterizado por una aguda pérdida de puestos de trabajo, un aumento relevante de la temporalidad del mismo y por un preocupante envejecimiento de las plantillas, datos que aparecen reflejados de manera pormenorizada en el documento.
Según los datos de la EPA (4T/2017), el envejecimiento de las plantillas en las Administraciones Públicas sigue en aumento. El 42.3% de las trabajadoras y trabajadores en las AA.PP. tienen más de 50 años. Mientras, el colectivo de los menores del 30 años tan solo representa el 6.3%. La temporalidad también se dispara: de las 88.600 nuevas contrataciones que se han producido en el último año, el 67.5% son de tipo temporal. Esto hace que la temporalidad pase de un 22.8% en 2016, a un 24.1% en el 4º trimestre de 2017, un punto porcentual y tres décimas más. Cabe señalar que las tasas de temporalidad entre las mujeres se mantienen en casi diez puntos por encima de los hombres (en el cuarto trimestre, 28.4% frente al 18.6%), con lo cual la precariedad en el sector público tiene también un sesgo de género.
“Con un empleo público caracterizado por el envejecimiento y la temporalidad de las plantillas, y la pérdida tan elevada de recursos —en el cuarto trimestre de 2013 se destruyeron más de 341.000 empleos—, la salud laboral se ha convertido en una mera declaración de intenciones. Es una víctima más de la crisis y de las políticas de austeridad del Gobierno”, señalan desde el Área Pública de CCOO.
El aumento de los accidentes de trabajo con baja, los accidentes in itinere y las enfermedades profesionales coincide con los años más intensos de la crisis y con las políticas de recortes y ajustes sobre las Administraciones, que adquieren una mayor gravedad desde el año 2012. Según las últimas Estadísticas de Accidentes de Trabajo consolidadas, publicadas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en el año 2016 continúa el incremento, tanto en el total de accidentes producido durante la jornada laboral como en los que tienen lugar in itinere, que se dispara de 70.578 accidentes totales en el sector público en el año 2012, a 84.345 en el 2016, lo que supone un aumento de un 20%.
Para CCOO es sumamente inquietante que el Gobierno y las diferentes Administraciones hayan permitido un deterioro tan relevante del sector público en los últimos años, disparándose la siniestralidad laboral de manera alarmante. Los poderes públicos, como máximos garantes de la seguridad y salud, tienen el mandato legal de posibilitar una organización del trabajo saludable, y así se lo exigimos y seguiremos exigiendo el estricto cumplimiento de la legislación en materia de salud laboral.
La falta de recursos humanos y sus efectos sobre la salud laboral en el sector público Imprimir artículo
